El PSPV de Paterna desvela que la Fiscalía investiga a la alcaldesa por malversación y prevaricación

El candidato socialista a la Alcaldía de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha desvelado hoy que la Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal y designado fiscal instructor contra la actual alcaldesa de Paterna y candidata popular a la Alcaldía Elena Martínez por advertir hechos en la actuación de Martínez durante la creación y liquidación de la empresa mixta Desarrollo Local de Paterna que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

 

La Fiscalía ha decidido investigar a la actual alcaldesa de Paterna y al que fuera su mentor, el ex alcalde Lorenzo Agustí, tras la denuncia que Sagredo presentó el pasado 31 de marzo ante este organismo tras estudiar minuciosamente el expediente de la empresa mixta y advertir las constantes irregularidades en las que incurrieron, tanto Martínez como Agustí, en esta sociedad de economía mixta que disolvieron cuatro años después de crearla y sin que llegara a iniciar su actividad.

 

“Los paterneros no podemos permitir que comience una nueva legislatura de la misma manera que la hemos acabado: con la sombra de la corrupción y de la prevaricación de la mano del PP”, ha afirmado Sagredo, que considera una vergüenza y un descrédito para Paterna los constantes escándalos judiciales en los que el PP sumerge a nuestro pueblo por actuar siempre de espaldas a la legalidad.

 

“Estamos hartos de que los concejales de este partido se pasen más tiempo en los juzgados que en el Ayuntamiento y cansados de ver cómo el PP malgasta nuestro dinero”, ha señalado Juan Antonio Sagredo, que ha recordado que esta fracasada empresa mixta que abanderó el PP ha costado a los paterneros más de 1 millón de euros (500.000€ en memorias y pliegos de condiciones + 700.000€ en pérdidas).

 

El candidato socialista ha indicado que decidió poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos tras tener acceso a los demoledores informes que, tanto la Secretaria General y el Oficial Mayor como el Interventor y el letrado municipal del Ayuntamiento emitieron sobre la gestión que ambos dirigentes populares habían realizado sobre la ya disuelta empresa mixta.

 

En este sentido, Sagredo ha explicado que, en el caso de Elena Martínez, ésta adoptó decisiones que, a juicio de los socialistas, menoscaban las arcas municipales. Y es que, tal y como señalan los habilitados nacionales en sus escritos, “la alcaldesa actuó de manera irregular al participar en la votación de la disolución de Desarrollo Local de Paterna y elevarla a escritura pública sin tener la autorización del pleno”, un permiso que, tanto el letrado municipal como la jefa de infraestructuras, le advirtieron que necesitaba.

 

Además, el candidato socialista incide en que Martínez ha consentido que la única beneficiaria de Desarrollo Local de Paterna, desde su constitución hasta su liquidación, haya sido Broseta Abogados, ya que fue este despacho jurídico quien redactó las memorias y los pliegos de la polémica mixta por 500.000 euros y quien cobró 5.000€ al mes durante cuatro años por asesorar a esta empresa que ni siquiera llegó a funcionar.

 

Pero además, en la denuncia que ha presentado, Sagredo critica que, en esos cuatro años de vida, “la sociedad no llegó a desplegar la actividad a la que estaba obligada conforme a contrato”, a pesar de las reiteradas advertencias de incumplimiento contractual que, desde 2012, la jefa de infraestructuras y el letrado municipal le fueron haciendo llegar por escrito al ex alcalde Agustí que, tras ser conocedor de estas irregularidades, no tomó ninguna medida al respecto.

 

Para Sagredo, esta explícita dejación en sus funciones de Lorenzo Agustí puede ser constitutiva de presunto delito de prevaricación administrativa ya que ignoró totalmente su obligación, como alcalde, de velar por el cumplimiento de la legalidad y por los intereses y el dinero de los paterneros a los que representa.

 

Además, los altos funcionarios también advierten en sus informes de la “inexistencia de los expedientes de incumplimiento que la Asesoría Jurídica del consistorio había aconsejado al ex alcalde que iniciara contra el socio privado adjudicatario de la empresa mixta por no desembolsar el importe de las acciones y de los cánones concesionario y superficiario a los que estaba obligado como socio privado”.

 

En opinión de Sagredo, “esta parálisis de Agustí y de su sucesora Elena Martínez es un claro ejemplo de “comisión por omisión”, por lo que considera que pueden haber incurrido en un posible delito de malversación de caudales públicos al consentir que el socio privado de DLP no cumpliera sus obligaciones económicas y de actividad y, consecuentemente, el Ayuntamiento tuviera que contratar los servicios que debía prestar dicha empresa mixta.

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